Tradicionalmente estaba muy arraigada la idea de que las organizaciones debían tener como objetivo primordial generar utilidades. Pero, en los últimos años, a raíz de las ideas desarrolladas por Edward Freeman (padre de la teoría de los stakeholders), las organizaciones han buscado un concepto de generación de valor más amplio, en el que la dirección no sólo se debe preocupar del valor generado para con los accionistas sino que también debe preocuparse de todas las partes legítimamente interesadas: los empleados, los proveedores, los clientes, la comunidad y cualquier grupo de interés que afecte, o sea afectado, por las actividades de la organización.

El pensamiento de Freeman, sumado a las ideas de Peter Drucker (padre moderno de la administración) sentaron las bases para desarrollar los pilares para una administración eficiente, que a su vez, han provocado uno de los grandes temas de actualidad en la Responsabilidad Social: el desarrollo de herramientas para poder conocer el impacto hacia adentro y hacia afuera de las organizaciones. Esta idea parece ser muy bien sintetizada por el concepto del «Triple Bottom Line» usado por primera vez por John Elkington, y difundido por las Naciones Unidas, en el que una organización sustentable debe rendir cuentas en 3 planos: people-planet-profit. Personas, Medio ambiente y utilidades.

Sabemos, sin embargo, que mientras los indicadores económicos como la producción o la inversión han sido, durante años, sistemáticamente positivos, los indicadores ambientales resultan cada vez más negativos, mostrando una contaminación sin fronteras y un cambio climático que degradan los ecosistemas y amenazan la biodiversidad y la propia supervivencia de la especie humana. Además, estudios como los de Meadows sobre “Los límites del crecimiento” establecieron la estrecha vinculación entre ambos indicadores, lo que cuestiona la posibilidad de un crecimiento sostenido.

El concepto de huella ecológica, que se define como el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para generar los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada (Novo, 2006) permite cuantificar aproximadamente estos límites. En efecto, se estima que en la actualidad la huella ecológica media por habitante es de 2.8 hectáreas, lo que multiplicado por los más de 6000 millones de habitantes supera con mucho la superficie ecológicamente productiva o biocapacidad de la Tierra. A nivel global, estamos consumiendo más recursos y generando más residuos de los que el planeta puede generar y admitir.

Sin embargo, la humanidad también ha dado algunos pasos positivos, para conseguir un crecimiento económico sostenible, como la inversión socialmente responsable, utilizada por la Banca Ética (Triodos Bank). Igualmente positiva ha sido la creación de instituciones como el WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), cuyas acciones están orientadas a la ecoeficiencia, entendida como “el logro de más con menos” (más bienes y servicios con menos energía y recursos materiales). O como CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies), entre cuyos principios figuran la protección de la biosfera, el uso sostenible de los recursos naturales, etc. Esta coalición ha promovido la inclusión en una “Climate Watch List” de aquellas empresas que transgreden gravemente sus principios y ha impulsado, junto con el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la creación de “Global Reporting Initiative” (GRI), un centro concebido para aumentar la calidad de las memorias de sostenibilidad de las compañías –públicas o privadas- con el triple balance menciona anteriormente.

Así mismo, desde 1999 existe el Índice de Sustentabilidad (DJSI) que reconoce a las mayores empresas del mundo por sus prácticas sustentables. Este índice creado por Dow Jones junto con Robeco SAM, organización experta en inversión sustentable, se ha convertido en un benchmark para evaluar el desempeño colectivo de las compañías para hacer inversiones consistentes con los estándares y prácticas más destacados de sustentabilidad. Esto debido a que cada vez son más los inversionistas que analizan y rastrean las políticas ambientales antes de tomar sus decisiones.

Finalmente, hay que destacar que algunos países tienen planes nacionales con el que buscan alcanzar un desarrollo económico socialmente responsable. Tal es el caso de España que cuenta con la Estrategia Española de RSE, que parte de seis principios (voluntariedad, creación de valor compartido, competitividad, cohesión social, transparencia y sostenibilidad), marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

En el caso de Ecuador, la Constitución establece como deber primordial del Estado, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al Buen Vivir; ordena que el sistema económico sea social y solidario, y define a la estabilidad económica como el máximo nivel de producción y empleo, en el marco de la sostenibilidad fiscal, externa, monetaria y biofísica.

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, los instrumentos con los que cuenta el Estado para esta transformación son, principalmente, los recursos públicos y la regulación económica. El Estado debe orientar los recursos públicos y privados de forma sostenible para generar crecimiento económico y logros en empleo, reducción de pobreza, equidad e inclusión económica. Mediante las acciones directas y la regulación, el Estado debe minimizar el riesgo sistémico de la economía. Adicionalmente, la inserción estratégica internacional del Ecuador debe enfocarse en construir la soberanía económica regional para mitigar el impacto de escenarios externos de crisis.